Elena Martín Crevillén, Portavoz del Grupo Socialista, y Ana Paula Cid, Concejala del mismo Grupo, someten a la consideración del Pleno la propuesta de declaración institucional que consta bajo:
Con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) nace un nuevo sistema de prestaciones públicas sustentadas en un derecho subjetivo universal para toda la población que lo requiera, con la garantía pública, estableciendo la cooperación entre todas las administraciones implicadas en el sistema.
En el informe elaborado por el anterior gobierno para la evaluación de la ley presentado en noviembre de 2011 se destacaba:
El incremento del número de personas beneficiadas de las prestaciones desde la aplicación de la ley.
La Ley ha impulsado la INVERSION en atención a la dependencia.
Las ocupaciones vinculadas a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 han supuesto un total de 248.000 y se han creado 165.000 ocupaciones nuevas como resultado de la nueva inversión económica.
Se han incorporado al sistema de la seguridad social en el Estado Español, 178.321 personas como cuidadores familiares de los cuales 165.043, son mujeres y 13.278 hombres. En nuestra Comunidad Autonoma/Pais Valenciano, nos encontramos con 15.924 cuidadores familiares de los cuales 6.143 son de la provincia de Alicante. (No podemos dar la cifra de cuidadores en la ciudad de Alicante por la opacidad del Gobierno Municipal)
Un 80’7% de las personas beneficiadas encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, dando una media de notable (3’4 sobre 5).
El mismo informe plantea una serie de medidas dirigidas a mejorar la aplicación de la ley:
1.-Establecer un sistema de financiación garantista y sostenible.
2.-Una cartera de servicios comunes de obligado cumplimiento.
3.-Un Consejo Territorial de efectos vinculantes.
4.-Mejora de la transparencia y la información a la ciudadanía.
5.-Estrategias de coordinación sociosanitarias.
Estas medidas definen lo que durante estos años se ha venido denunciando sobre la incorrecta aplicación y desarrollo de la Ley desde su implantación.
Pero además, es nuestra Comunidad Valenciana, una de las que a pesar de los cinco años de implantación de la Ley, y por la mala gestión de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, la que no ha implantado a dia de hoy, ni el Servicio de Ayuda a Domicilio, ni el Asistente Personal para las personas que necesitan ayuda durante las 24 horas del dia
En la reunión del Consejo Interterritorial del SAAD, el jueves 12 de abril, bajo la presidencia de Ana Mato, se expresó la voluntad de crear cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarían el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a los beneficiarios con el fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los aspectos económicos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, esto no se corresponde con las siguientes medidas tomadas por el gobierno del Partido Popular:
1/ El Real Decreto Ley 20/2011, del 30 de diciembre, anunció la “Moratoria de un año de entrada en el SAAD, para los dependientes moderados, Grado I Nivel2 (enero de 2013) y el Nivel 1 (enero de 2014)”.
2/ Los recortes con la eliminación de la partida del Nivel Acordado: En el conejo de Ministros del 30 de Marzo, el gobierno del PP, Presidido por el Sr Rajoy, decidió suprimir la aportación que hacía el Estado por un valor de 283 millones de euros. Esta medida se traduce en un empeoramiento de la gestión y una disminución o casi desaparición de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las CCAA:
Retrasando las resoluciones de todos los expedientes pendientes
Más de 300.000 personas permanecerán en las listas de espera de los que 28.528 son dependientes de nuestra comunidad autonoma
Afectará a la vida de las mujeres especialmente, que constituyen el 90% de las personas que trabajan en la dependencia y de las cuidadoras, empeorando la conciliación de la vida laboral y familiar.
Con las últimas medidas del negro Viernes 13 de julio, publicadas en el BOE del 14 de julio de 2012.- Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, la Ley de Dependencia recibe la puntilla:
Se reduce en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares de las personas dependientes.
El gobierno impone el copago también a las personas dependientes
Dejará de cotizar por las 178.321 cuidadoras/es con el objetivo de ahorrarse al año 209 millones de euros.
Se rebaja la cuantía máxima para los dependientes de mayor gravedad.
Desaparecen los niveles en los que se dividían los estadíos de gravedad.
Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social, trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno.
En el País Valenciano, por medio del Decreto 18/2011 del 25 de febrero se estableció el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, este decreto sustituye al Decreto 171/2001 de 28 de septiembre. En el preámbulo se justificaba la modificación con la finalidad de obtener la máxima eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes, que de esta manera el reconocimiento de la situación de dependencia y la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) no excedería de seis meses. El Decreto entró en vigor el 3 de marzo el 2011 y hasta la fecha, después de un año, no se ha resuelto ningún expediente. Las resoluciones firmadas son del 2008 y 2009.
En el País Valenciano el término medio de resolución de solicitudes es superior a cuatro años. La Consellería de Bienestar Social en el año que lleva en vigor el Decreto no ha resuelto ni un solo expediente limitando.
Todas las personas hemos de ser conscientes que puede llegar algún día en que nos encontremos en una situación de dependencia. Nuestra solidaridad en la lucha de los derechos de las personas dependientes es al mismo tiempo la defensa de nuestros propios derechos.
Es por todo ello por los que proponemos al Pleno la aprobación de la siguiente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
1. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante insta al Gobierno Central a que retire el Real Decreto 20/2011 del 30 de diciembre, anunciando la moratoria de un año de la entrada en el SAAD para las personas dependientes moderadas Grado I Nivel 2 (enero del 2013) y Nivel 1 (enero del 2014).
2. Insta al Gobierno Central para que no aplique los recortes para la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado: en el Consejo de Ministros del 30 de marzo, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros.
3. Insta al Gobierno para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
4. Insta a la Consellería de Bienestar Social para que se resuelvan los expedientes en el tiempo que marca el decreto18/2011 del 25 de febrero, es decir que no exceda de seis meses.
5. Insta a Consellería para que pague sin demora las mensualidades en los 10 primeros días de cada mes ya concedidas a las personas dependientes.
